Los extranjeros usan menos ayuda pública que los estadounidenses y contribuyen a la economía pero la Administración Trump, empeñada en reducir la inmigración legal, sopesa un reglamento para negarles visas si determina que serán una “carga pública”, lo que generó este miércoles el rechazo de expertos y la comunidad inmigrante.
La propuesta de castigo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) busca redefinir qué extranjeros pueden o no entrar a Estados Unidos, dependiendo de si podrían convertirse en una “carga pública” al obtener beneficios financiados por los contribuyentes.
Una portavoz del DHS, Katie Waldman, dijo que “la Administración está comprometida con la aplicación de las leyes de inmigración actuales, que claramente tienen la intención de proteger al contribuyente estadounidense, al asegurar que los extranjeros quieren entrar o permanecer en EEUU son autosuficientes”.
“Los cambios propuestos asegurarían que el gobierno asume la responsabilidad por el buen manejo de los fondos de los constribuyentes, y de adjudicar las solicitudes migratorias con apego a la ley”, agregó.
El “Acta de Inmigración y Naturalización” (INA) ya impone requisitos para extranjeros que soliciten ingreso a EEUU, mediante una cláusula que data de 1882. Esos requisitos sobre “carga pública” aplican para familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses; prometidos, familiares de residentes legales, y extranjeros con visas laborales.
El DHS quiere endurecer aún más el reglamento para disuadir la inmigración a EEUU, aunque las autoridades no dieron fecha para su publicación final.
Así, los extranjeros que quieran un ajuste de estatus migratorio o extender su estancia en EEUU, soliciten una visa de inmigrante, o piden ingresar al país, tienen que demostrar que no van a ser una “carga”, y el gobierno podría cobrar un mínimo de $10,000 a quienes presuntamente tengan más probabilidad de solicitar o recibir beneficios públicos.
El DHS definirá los tipos de beneficios públicos que se catalogarían como una “carga pública”, así como una lista de exenciones, según el documento.
Más trabas y más costos
Al solicitar visas, los extranjeros tendrían que entregar a la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), una “declaración de autosuficiencia”, el formulario “I-944″, como parte de la determinación de “carga pública”.
El DHS calcula que el costo para la población que solicite ajuste migratorio y use el formulario “I-944” sería de $25.8 millones, y la cifra subiría en una década a $258,448,690. Para los que pidan una extensión de visas laborales, el costo adicional sería de entre $444,914 y $52.7 millones al año.
Quienes soliciten una extensión de su visa no inmigrante o un ajuste migratorio mediante el formulario “I-539”, también podrían tener que agregar el formulario “I-944”, con un costo extra de entre $231,318 y $27,4 millones al año.
¿Más castigos para inmigrantes pobres?
Durante la campaña de 2016, el president Donald Trump prometió “poner a EEUU de primero” (“America First”), sumándose a la narrativa de los ultraconservadores que pintan a los inmigrantes como “sanguijuelas” que viven del gobierno, “roban” empleos a los estadounidenses, y perjudican la prosperidad nacional.
De aprobarse, la propuesta afectaría previsiblemente a los cerca de 700,000 jóvenes indocumentados amparados al programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, y a los más de 300,000 inmigrantes bajo el “Estatus de Protección Temporal” (TPS). También afectaría a inmigrantes de bajos recursos que califican para créditos tributarios, o que tienen hijos menores como dependientes.
Como parte del combate contra los inmigrantes indocumentados, la Administración Trump desmanteló DACA en septiembre de 2017, aunque dos dictámenes judiciales la obligaron a reactivarlo para la renovación de permisos. También comenzó la eliminación gradual del TPS, dando un período de gracia para que los “tepesianos” preparen su salida “ordenada” del país.
El borrador de la propuesta, reportada primero por el diario “The Washington Post”, tendrá un periodo de 60 días para comentarios públicos una vez que sea publicada en el diario oficial (“Federal Register”) del gobierno.
Fuente: La Opinión.com
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